El juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha dictado auto declarando la apertura de diligencias previas número 2/2024 por la posible comisión de delitos de estafa y contra los derechos de los consumidores – según se prevé en los artículos 248 y 250 del Código Penal – y/o un delito de apropiación indebida, daño masivo a los consumidores, falsedad documental – con las agravantes vistas, y de abuso de confianza, de los artículos 465, 253 y 250 del referido Código Penal – contra la mercantil Herrero Brigantina Servicios Crediticios SAU y contra North Athlantic Insure Broker S.A, ésta última con seguro de responsabilidad civil exigido por la ley 2/2009.
La denuncia, promovida por la Asociación Nacional en Defensa del Consumo Español de Servicios, en adelante ANCES, da por hecho la existencia de miles de afectados que, en su momento, contrataron lo que consideraban un producto seguro y sin riesgos y que contaba con la cobertura del consorcio de compensación de seguros al estar respaldados por las principales aseguradoras del país.
En muchos casos ha sido al solicitar el rescate de la póliza, cuando han visto que fueron engañados y que han perdido los ahorros de toda su vida.
El ministerio fiscal y, a su vez, el juzgado de instrucción, con objeto de seguir con las citadas diligencias, pretenden la identificación del número de posibles afectados así como de los importes posiblemente defraudados.
El letrado que ha interpuesto la denuncia, JuanJo Ortega, ha lamentado que los reguladores hayan fallado al no detectar el fraude, que ha recaído sobre los colectivos más vulnerables: pensionistas y jubilados ahorradores. “Solamente cabe una salida y es abrir la vía judicial con el fin de que los responsables del fraude devuelvan el dinero. Para ello, los afectados tienen que acudir en tromba a la Audiencia Nacional y personarse en las diligencias con su abogado de confianza” explica el abogado del despacho Ortega y García Abogados, que defienden, a su vez, a afectados por el caso Kuailian, Juicy Fields y Arbistar, ante la Audiencia Nacional.
Es por ello, que desde el despacho de Ortega y García Abogados hace un llamamiento para su personación, existiendo una línea gratuita donde pueden llamar los afectados: 900 831 241, así como un grupo en Telegram, bajo el nombre afectados Brigantina, donde pueden adherirse los posibles afectados.
“Es importante que cualquier persona que se haya visto afectada en alguno de estos casos pueda contar con asistencia jurídica” explica Juan José Ortega.