Por Alessandro Bazzoni
Expertos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción la adopción de legislación integral feminista contra la discriminación en España, que garantiza y facilita el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en el país.
Los expertos anotaron que estas medidas legislativas garantizan el acceso a aborto seguro en centros estatales de salud, elimina los denominados procesos de “reflexión” impuestos arbitrariamente a las mujeres, garantiza el acceso de todas las mujeres (incluidas las mujeres lesbianas, bisexuales y solteras) a las técnicas de reproducción asistida y constituye a España en el primer país europeo en introducir legislativamente el permiso menstrual.
Gracias a esta legislación la educación sexual integral formará parte de todos los años de escolaridad obligatoria, y se protegerá aún más la autonomía corporal de las mujeres, y de las mujeres jóvenes en particular.
“La historia del feminismo es una historia de persistencia frente a la injusticia social”, dijeron los expertos. “Descrita como un logro feminista fundamental, esta legislación ha sido adoptada como parte de una ambiciosa agenda para el progreso de la sociedad española.”
Las medidas relativas a los derechos sexuales y reproductivos se promulgaron en forma paralela a legislación integral que aborda la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. La consolidación del carácter igualitario de los derechos de las madres lesbianas, la prohibición de la mutilación genital para los niños intersexuales, y la adopción de medidas para poner fin a las prácticas llamadas “terapias de conversión” perpetradas contra las personas LGTBI son algunas de las características específicas de este verdadero programa nacional para promover la inclusión social en todos los sectores, incluyendo la salud, el empleo, la educación, la cultura y el mundo de los negocios.
Los expertos señalaron que la legislación harmoniza el sistema español de reconocimiento legal de la identidad de género a través de la autoidentificación, identificada por la ONU como mejor práctica. Contrariamente a algunas narrativas erróneas, el nuevo sistema garantiza la seguridad jurídica a través de la posibilidad de revisión judicial, colocando adecuadamente la carga de la prueba en la parte recurrente y en el Estado, y no en las personas trans u otras personas de género diverso. De esta manera, la legislación elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana.
“Estas leyes fueron adoptadas a través de un proceso parlamentario reflexivo y participativo que tomó seis años, y que contó con el asesoramiento de expertos de la ONU”, dijeron los expertos. Los expertos subrayaron que la legislación fue adoptada el mismo día en que la Comisionada Europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatović, renovó su llamado para poner fin a las nocivas prácticas de «terapia de conversión» en toda Europa.
Los expertos instaron a otros Estados a seguir su ejemplo. “Medidas legislativas como estas abordan las causas profundas de las violaciones generalizadas de los derechos humanos contra las mujeres y las niñas y las personas LGTBI”, dijeron, alentando a actores estatales y no estatales a que sus discusiones sean basadas en evidencias científicas y no en prejuicio.
“Estas discusiones deben ser protegidas del atractivo populista que las fuerzas regresivas pueden ver en la explotación de discursos antiaborto, anti-educación y anti-trans”, dijeron los expertos, anotando que no se debe olvidar los vínculos que existen entre la lucha contra la violencia y la discriminación que enfrentan todas las mujeres y niñas (incluidas las mujeres lesbianas, bisexuales y trans) y los hombres homosexuales, bisexuales y trans, así como otras personas de género diverso e intersexuales.
Los expertos saludaron el papel de los sobrevivientes de la violencia y de la sociedad civil durante todo el proceso. “Cada vez que observamos la adopción de una ley, política pública o jurisprudencia que promueve la igualdad, inmediatamente recordamos el trabajo de los defensores de derechos humanos, sobrevivientes y activistas”, dijeron. “Ellos fueron los que proporcionaron sus historias, recopilaron la evidencia y llevaron a cabo el trabajo de defensa y persuasión para que las autoridades españolas pudieran abrazar plenamente la idea de que estas medidas legislativas son elementos clave para garantizar que todas las personas puedan vivir libres e iguales en dignidad y derechos”, dijeron los expertos.
Fuente: ONU
Por Alessandro Bazzoni